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El juez federal de San Diego, Dana Sabraw, estableció seis meses para que gobierno de Donald Trump identifique a miles de menores indocumentados que separó forzosamente de sus familias cuando intentaban entrar por la frontera sur de México, en el marco de la política de tolerancia cero implementar.
De acuerdo a la cadena de Univision esta orden desestima el argumento que presentó en marzo pasado el Departamento de Justicia, donde advirtió que la totalidad de las reunificaciones de familias afectadas podría demorar hasta dos años.
Sabraw tomó la decisión de dar una fecha límite, luego de escuchar el testimonio del comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y coincidió con los abogados en una demanda colectiva encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
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El primer fallo
El 26 de junio del año pasado, el juez Sabraw ordenó al gobierno poner fin a la separación forzosa de familias migrantes en la frontera sur de EEUU, y fijó un plazo de hasta 30 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reunificara a la totalidad de los afectados.
El gobierno de Estados Unidos reconoció en un principio que las separaciones fueron ejecutadas entre el 5 de mayo y el 26 de junio del 2017, y en total se registraron 2,654, pero en enero un informe del inspector general del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), reveló que las separaciones comenzaron varios meses antes de lo dicho por el DHS y afectó a varios otros miles de menores.
“Se desconoce el número total de niños separados de un padre o tutor por las autoridades de inmigración” en el verano del año pasado, adviertía el estudio.
Tras la orden, el gobierno revisará unos 47,000 casos de menores no acompañados en su custodia desde el 1 de junio del 2017 hasta el día del dictamen de Sabraw el 26 de junio del año pasado.
El mes pasado, la entonces secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, reconoció que las separaciones comenzaron varios meses antes de las fechas oficiales para ensayar la política, un dato que durante meses fue ocultado intencionalmente por el gobierno.
El pasado martes, Kevin McAleenan, el nuevo director interino del DHS, dijo que la política de separación de familias “no vale la pena”, al menos "desde la perspectiva de las autoridades".
El funcionario explicó que la indignación que produjo en Estados Unidos al saber que el gobierno de Donald Trump había pedido separar a los padres migrantes de sus hijos supuso "una pérdida de la confianza pública".
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Medidas
Sabraw solicitó que ambas partes deberán informar a la corte sobre sus avances cada tres semanas, según solicitó Sabraw, para asegurar que el proceso se desarrolle de manera ágil y que en caso de presentarse algún problema lo evalúe "más temprano que tarde".
"Esta orden muestra que el tribunal sigue reconociendo la gravedad de esta situación", dijo Lee Gelernt, abogado principal en la demanda de separación familiar y subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
La demanda de acción de clase encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles cubre:
- A todos los padres adultos que ingresan a los Estados Unidos en o entre los puertos autorizados después del 1 de julio de 2017 (posterior a la orden de frenar las separaciones forzadas y ordenar las primeras reunificaciones), ya sea que fueron o serán detenidos.
- A todos los padres cuyos hijos estén bajo custodia de ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del HHS), en cuidado de crianza del ORR o en custodia de DHS sin una determinación que el padre no es apto o presenta un peligro para el niño.